Guerra judicial por la sangre | Madrid | EL PAÍS

Origen: Guerra judicial por la sangre | Madrid | EL PAÍS

Cuatro hospitales de gestión privada de la red pública pelean en los tribunales para no pagar 8,8 millones al Centro de Transfusión

Imagen de archivo del Centro de Transfusión de Madrid.
Imagen de archivo del Centro de Transfusión de Madrid. ÁLVARO GARCÍA

La gestión de la sangre que donan de forma altruista los ciudadanos y que después el Centro de Transfusión de Madrid entrega a los hospitales mueve cada año cerca de 10 millones de euros. Pero no siempre fue así. Hasta 2013 este servicio público recaudaba un 1.000% menos. Ese año empezó a cobrar a los hospitales de gestión privada de la red pública, como la Fundación Jiménez Díaz o el Rey Juan Carlos de Móstoles. Y ese año empezó también una suerte de guerra de la sangre soterrada que durante años ha enfrentado a la Comunidad de Madrid con cuatro de estos centros.

El Centro de Transfusión de Madrid seguirá encargándose de controlar las donaciones que se producen en los hospitales de la región y mantendrá la recepción, procesado, análisis, almacenaje y distribución de los derivados hematológicos a los hospitales. El objetivo de este cambio es “unificar la actividad”, según la Comunidad de Madrid, “evitando duplicidades” para “mejorar la gestión”. La Comunidad cederá a Cruz Roja el equipamiento (unidades móviles) necesario para realizar las extracciones.

Los trabajadores del Centro de Transfusión, que llevan semanas manifestándose, no lo ven del mismo modo. Consideran que “por más que se empeñen en llamarlo de otro modo, no es más que la privatización de las colectas de sangre en la vía pública a través de las unidades móviles, actividad que hasta la fecha realizaba con total eficacia el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid”, señala la portavoz de la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión (Adecetma), Deli Edreira.

Los empleados del centro están preocupados también por el futuro de más de un centenar de puestos de trabajo. Según UGT, el acuerdo con Cruz Roja supone que las condiciones de trabajo del 60% de la plantilla (130 profesionales) se van a alterar. “Habrá traslados forzosos que provocarán despidos de personal interino y eventual en sus destinos”, dice el sindicato, que considera la medida “un innecesario desmantelamiento de un servicio público, que solo persigue la desaparición de puestos de trabajo”.

El consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, no ha respondido a las preguntas de los periodistas en rueda de prensa acerca de si están garantizados los puestos de trabajo de esas 130 personas. En una nota de prensa oficial la Comunidad asegura que “se van a mantener todos los empleos”. Añade que hay negociaciones con representantes sindicales de los trabajadores para que “parte” de ellos sigan trabajando “en otras funciones en el propio centro, mientras que otros tendrán nuevo destino en diferentes centros sanitarios públicos”.

La nota de prensa continúa: “La donación de sangre no tiene precio, es un acto gratuito y generoso de  los donantes. Solamente se compensará a la ONG, Cruz Roja, por los costes de captación, almacenaje y traslado”. La Consejería de Sanidad no ha facilitado, a petición de este diario, el convenio con Cruz Roja, que se firmará mañana. Tampoco los detalles económicos sobre la operación. La Cadena Ser adelantó hace dos semanas que la Comunidad “pagará 67 euros por cada bolsa de sangre donada, y hasta a un máximo de 140.000 extracciones, es decir, como mucho, la Consejería de Sanidad pagará a Cruz Roja 9.3 millones de euros por sacar la sangre a los madrileños”.

Para Comisiones Obreras “parece lógico pensar, como así se ha estado valorando en el pasado, que el proceso natural para evitar la duplicidad que existía en Madrid, habría sido la absorción de la labor, anacrónica, que hacía Cruz Roja en nuestra comunidad por el Centro de Transfusión público. No al revés”. Y añade: “La seguridad de la sangre que se transfunde a los enfermos comienza en las campañas de donación y en la selección de los donantes, todo ello basado en el altruismo. La garantía más absoluta es el control público directo desde su obtención hasta su distribución”.

 

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